Llama Comisión de Impacto Único del Gobierno de la Ciudad de México a desarrolladora Be Grand a respetar la normativa en materia inmobiliaria

En atención a los reportes ciudadanos difundidos en semanas recientes y retomados por diversos medios de comunicación relacionados con el proyecto Downtown Insurgentes 700, desarrollado por la empresa Be Grand, la Comisión de Impacto Único del Gobierno de la Ciudad de México —órgano colegiado coordinado por Metrópolis e integrado por SEGIAGUA, SEMOVI, SGIRyPC y SEDEMA, informa lo siguiente:

1. Los pasados 12 y 28 de marzo, la SEGIAGUA realizó visitas de inspección tras recibir reportes vecinales por una fuga de aguas residuales. En dichas visitas se observó que no se cuenta con un sistema alternativo de captación, almacenamiento y aprovechamiento de agua pluvial funcional y normativamente adecuados para el funcionamiento del edificio; y el sistema de reúso de agua residual tratada funciona parcialmente sin contar con las autorizaciones mínimas necesarias.

2. Derivado de lo anterior, la Comisión de Impacto Único del Gobierno de la Ciudad de México en el ejercicio de sus facultades revisó el cumplimiento de las obligaciones legales en nueve proyectos de Be Grand en la Ciudad de México para mitigar el impacto urbano y ambiental, observando lo siguiente:

● No existen avances en el cumplimiento de las medidas impuestas para mitigar los impactos urbanos y ambientales en las zonas en donde se desarrollaron los proyectos.

● Se identificó que, en la mayoría de los casos, las viviendas de los proyectos se encuentran ocupados, aún sin contar con los permisos correspondientes que deben de otorgar las autoridades competentes una vez que se considera que han realizado las obras que se requirieron para mitigar el impacto de sus desarrollos.

● Por último, se ha identificado una práctica recurrente en la promoción de juicios por parte de la empresa Be Grand para evitar el cumplimiento de sus obligaciones.

El incumplimiento por parte de Be Grand en la implementación de las medidas de integración y mitigación urbana en sus desarrollos implica posibles daños al medio ambiente, riesgos sanitarios, impactos sociales y comunitarios, afectaciones al suministro de servicios básicos y problemas de vialidad, entre otros. Estas consecuencias pueden vulnerar el goce y ejercicio de los derechos humanos de las personas que habitan y transitan en las zonas donde se ubican dichos proyectos inmobiliarios.

Hacemos del conocimiento público esta información por su carácter de interés general, ya que se refiere a una situación que impacta directamente en la vida cotidiana y los derechos de la ciudadanía.

De acuerdo con los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos de Naciones Unidas , las empresas tienen la obligación de respetar los derechos humanos, lo que implica evitar que sus actividades generen o contribuyan a generar impactos negativos sobre estos derechos, así como asumir la responsabilidad de abordarlos cuando ocurran.

Con base en lo anterior, hacemos un llamado a las empresas desarrolladoras que tienen proyectos inmobiliarios en la Ciudad de México a cumplir con cada una de sus obligaciones establecidas en materia ambiental-urbana y a trabajar con las instituciones de la Ciudad de México, en la construcción de una ciudad de derechos para todas y todos donde prevalezca la sustentabilidad, la equidad social, el respeto al espacio público, la participación ciudadana, la movilidad incluyente y el derecho a un entorno urbano digno, seguro y accesible.

A través de la Comisión de Impacto Único se continuará el seguimiento puntual del caso que nos ocupa para garantizar el cumplimiento de todos los compromisos adquiridos por este y otros proyectos con obligaciones pendientes en materia de obras de mitigación.

Las instituciones que conforman dicha Comisión reafirmamos nuestro compromiso con un desarrollo urbano ordenado, sostenible y ético, que respete los marcos normativos vigentes, así como, el equilibrio urbano-ambiental en beneficio de la ciudadanía.