Mensaje del Jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, durante la publicación de Reforma al Código Penal en materia de combate a la corrupción inmobiliaria

JEFE DE GOBIERNO, MARTÍ BATRES GUADARRAMA (MBG): Muchas gracias, les agradezco que hayan venido a este importante evento. Una ciudad como la nuestra, que es una gran capital de referencia internacional, se desarrolla permanentemente; pero ese desarrollo debe ser armónico con las comunidades, con la vocación de los barrios y las colonias, con el paisaje urbano, con el patrimonio cultural y con la naturaleza.

Para lograr esa armonía se establecen leyes y normas que ponen límites a construcciones, a la ocupación del espacio y a los niveles permitidos para estas. El cumplimiento de la ley es la garantía de un crecimiento ordenado.

El problema empieza cuando se violan las leyes y se genera el desorden urbano, se rompe la armonía, se provoca el malestar de los vecinos y se cuestiona la seguridad y certidumbre jurídica de los nuevos habitantes de los desarrollos; y cuando esto ocurre sistemáticamente, se pueden dar fenómenos de desplazamiento social, de gentrificación, de expulsión, de disolución de barrios y de pueblos.

Cuando se permite la construcción masiva de niveles extraordinarios no autorizados por la ley, se reduce la factibilidad y disponibilidad del agua, aumenta el costo del suelo, el costo de la vivienda, el costo de las rentas y los riesgos de protección civil; cuando las obras se permiten sin ton ni son, sin orden, sin cumplir requisitos, sin cumplir con cada paso, ocurren situaciones como la de edificios nuevos que se derrumban con un temblor o, para referirme a un caso gravísimo reciente, la perforación de instalaciones estratégicas, como un túnel del Sistema Colectivo Metro, a eso nos lleva ese desorden.

¿Cómo es posible que lleguemos a esas situaciones?, nos preguntamos, por la corrupción, simple y sencillamente por la corrupción. Muchas permisibilidades, tolerancias, permisos falsos están fundadas en el beneficio económico que obtiene un funcionario para autorizar obras en lugares prohibidos o pisos de más, donde solo están autorizados cierto número de niveles.

Si un caso particular de esa naturaleza es condenable, es más preocupante cuando se trata de un grupo de funcionarios que actúan de forma sistemática, colusiva, orquestada para obtener no un beneficio económico, sino grandes y poderosos beneficios económicos; es a eso a lo que se ha llamado recientemente “cártel inmobiliario”.

Un cártel es una banda que ejecuta hechos delictivos de forma organizada, un cártel inmobiliario es el que realiza hechos ilícitos alrededor de tolerancias, permisibilidades o permisos chuecos para construcciones ilegales.

El caso más sonado y referencial es el del cártel inmobiliario de Benito Juárez. Algunos de los involucrados directamente, es más, algunos de los jefes de este cártel inmobiliario dicen que esto es una leyenda, que es una construcción virtual, que es una estrategia, que es un efecto mediático, pero que no es realidad

Sin embargo, de las denuncias recibidas por SEDUVI y el equipo de compañeras y compañeros del Gobierno de la Ciudad de México, se encontraron en un lapso breve, hace poco más de año y medio, 130 obras irregulares con pisos de más.

Entre ellas, por ejemplo, están los casos de Adolfo Prieto 1224, que tenía permiso para cuatro niveles y se construyeron ocho; Avenida Coyoacán 1524, tenía permiso para cuatro, se construyeron cinco; Adolfo Prieto 1743, tenía permiso para seis y se construyeron nueve; Bartolache 1947 y 1949, donde se construyeron cuatro y tenía permiso para tres; o Mercaderes 68, que tenía permiso para cuatro y se construyeron seis. Estos solamente son cinco ejemplos de una situación generalizada.

En el caso de Adolfo Prieto 1743, tenemos, para poner un ejemplo concreto, que una persona que vive en el piso siete tuvo o le entregaron una escritura con el piso equivocado, perdón, la vecina vive en el piso ocho en Adolfo Prieto 1743, pero su escritura dice que vive en el piso siete; esto es incertidumbre jurídica, esto es incertidumbre sobre la propia propiedad que está recibiendo la persona que ha comprado de buena fe un departamento o una vivienda.

A todos esos casos, se suman más cotidianamente. Apenas hace unos días, por otro tipo de razones, el equipo de la SEDUVI, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, recorrió toda la zona norponiente de la Alcaldía Benito Juárez. Buscaba algún tipo de establecimientos, pero encontró 77 construcciones, de las cuales en cuatro casos se construyen niveles por encima de los permitidos.

Hemos escuchado a quienes defienden sus intereses, su cártel inmobiliario, los negocios ilícitos que han realizado alrededor de este, decir que la Alcaldía Benito Juárez no da permisos, que los permisos los da la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, sin embargo, aquí encontramos dos cosas muy curiosas.

La primera es que, en un momento dado, frente a una discusión de quién tenía las facultades para dar las autorizaciones, la Alcaldía Benito Juárez recurrió al Poder Judicial de la Federación para reivindicar sus atribuciones en materia de otorgar permisos de construcción, el Poder Judicial le dio la razón y le dijo: “Ustedes tienen la facultad para dar los permisos”. Si no sabían quién tenía la atribución de dar los permisos, ellos mismos reivindicaron su derecho a otorgarlos y la Corte les dio la razón.

Pero agrego a esto otro hecho muy importante. En el caso de la SEDUVI, la facultad que tiene es la de zonificar, la SEDUVI no puede otorgar permisos, más que a proyectos de muy alto impacto, muy grandes, grandes comercios o establecimientos, por ejemplo; la SEDUVI lo que hace es zonificar, o sea, establece dónde se puede construir un comercio, dónde se puede construir una casa, dónde se puede construir algún otro tipo de establecimientos, de oficinas.

Por lo tanto, solo establece el esquema general de división del suelo, pero quien otorga el permiso concreto, la manifestación de obra, las licencias de demolición, los permisos de excavación y todas las autorizaciones para una obra, es la alcaldía, en este caso y hablando sobre la situación a la que me refiero, la Alcaldía Benito Juárez.

Alrededor de los últimos años, como decía el secretario de Desarrollo y Vivienda, básicamente entre el 2012 y los años recientes, se otorgaron una gran cantidad de permisos o simplemente no se otorgaron permisos, pero se permitió la construcción de una gran cantidad de niveles extraordinarios que bastarían para hacer una torre más grande que la torre más grande de Dubái, es decir, todos los niveles ilegales autorizados en la Alcaldía Benito Juárez, alcanzan para construir la torre más alta del mundo.

Por si alguien tuviera dudas sobre esta supuesta leyenda, resulta que hay responsabilidades específicas y un conjunto de acusaciones, denuncias y procesos que se están llevando a cabo. Aquí comentó el fiscal que, por lo menos, hay más de una docena de órdenes de aprehensión autorizadas por los jueces; habría que agregar que hay, además, nueve detenidos, que hay cuatro fugados, algunos muy conocidos, y que hay también cuatro sentenciados que a lo largo del juicio aceptaron su responsabilidad y admitieron su culpa. En total, hablamos de, por lo menos, 26 funcionarios de la Alcaldía Benito Juárez involucrados con el cártel inmobiliario y sobre los que se siguen diversas investigaciones.

Los cuatro sentenciados, funcionarios de alto nivel, no solo aceptaron su responsabilidad y su culpa, sino que, además, están pagando una reparación del daño. Esa reparación del daño, hasta este momento, abarca más o menos un conjunto de inmuebles por un valor de 100 millones de pesos, es decir, estamos hablando de una enorme cantidad de recursos.

Si son solamente 100 millones de pesos los que se han involucrado en una reparación del daño, la pregunta es, ¿cuántos cientos de millones de pesos ha obtenido este grupo a lo largo de estos 12 años? Algunos calculan que el cártel inmobiliario de Benito Juárez, por lo menos, ha ganado mil millones de pesos por permitir construcciones ilegales o autorizar pisos de más.

En el modus operandi de este grupo, se encuentran dos grandes líneas, una de ellas es autorizar pisos de más a cambio de obtener dinero en efectivo o departamentos de dichas construcciones. Así, la investigación que realizó la Fiscalía dio con el hecho de que los funcionarios encargados de autorizar las construcciones tenían numerosos departamentos en dichas construcciones.

¿Cómo va a ser posible que un funcionario pueda actuar así? ¿Cómo va a ser posible que un funcionario pueda tener el profesionalismo, la seriedad, la calidad ética para estar en un cargo de este tipo? Un funcionario encargado de dar los permisos de construcción no podría tener un solo departamento de la empresa a la que está autorizando.

Bueno, la otra línea del modus operandi es la conformación de empresas que forman los funcionarios, empresas inmobiliarias que actúan en el mercado inmobiliario obteniendo los permisos que ellos mismos dan para la construcción de obras. En algunos casos, en estas empresas no están directamente los funcionarios, pero sí sus cónyuges, sus parejas, sus familiares, sus hermanos, sus prestanombres, sus socios o sus funcionarios subordinados.

A partir de la investigación que realizó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, pudo averiguarse el modus operandi.

En efecto, como aquí se ha dicho, el accidente que ocurrió, la explosión que ocurrió en la colonia Actipan, permitió encontrar la hebra de un hilo que se ha jalado permanentemente. Ese hilo dio con otras construcciones a su vez donde había departamentos de los funcionarios encargados de dar los permisos. En esa construcción donde hubo la explosión, había departamentos de los funcionarios encargados de dar los permisos.

Bueno, aquí se trata, en este caso, de abordar el tema de la corrupción, del “moche”, de la solicitud de dinero, de beneficios a cambio de permisos. Aquí no juzgamos al que de manera honesta y que quiere contribuir con su ciudad busca construir, busca reconstruir o busca el desarrollo o el crecimiento de la ciudad de acuerdo a las normas y las leyes; aquí se trata de establecer las sanciones correspondientes al funcionario que saca ventaja para sí, de un permiso que le toca otorgar.

Es cierto que con las normas que están establecidas se ha podido ya llevar a juicio a diversos funcionarios y, como se dijo, se han obtenido sentencias condenatorias para, por lo menos, cuatro de ellos. No obstante, como la realidad es dinámica, la realidad social va generando nuevos fenómenos, los delitos, los tipos delictivos van cambiando también.

Recientemente, estos funcionarios a los que nos referimos fueron juzgados por el delito de enriquecimiento ilícito y por el delito de ejercicio abusivo de funciones. En el delito de enriquecimiento ilícito el rango de la sanción va de uno a 10 años de prisión, en el ejercicio de funciones, la sanción va de cinco a 20 años de prisión.

Ahora bien, considerando que se ha dado este fenómeno de corrupción inmobiliaria y con el objetivo de ponerle un freno, ponerle un alto, respondiendo a las exigencias de los vecinos de muchas colonias y lugares a los que hemos escuchado a lo largo de estos años, es que envié el pasado 9 de enero de este año, una iniciativa para establecer un nuevo tipo penal, una iniciativa para establecer un nuevo delito en el Código Penal, un delito que se llama “corrupción inmobiliaria”.

En días pasados, el Congreso de la Ciudad de México aprobó esta reforma al Código Penal, lo cual, le reconocimos. El día de hoy se publica en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México la reforma al Código Penal, por la cual se establece el delito de corrupción inmobiliaria.

Termino señalando, que en el caso de las sanciones por el delito de enriquecimiento ilícito, la pena es de uno a 10 años de prisión, por ejercicio abusivo de funciones, de cinco a 20 años de prisión, y por corrupción inmobiliaria la pena es de 10 a 20 años de prisión con dos observaciones: con independencia de las penas que se impongan por otros delitos, porque el mismo funcionario puede ser juzgado por corrupción inmobiliaria y, simultáneamente, por enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de sus funciones.

Pero, además, simplemente en el caso de corrupción inmobiliaria, cuando se obtenga un beneficio económico por otorgar permisos para construcciones indebidas, la pena se agrava de 15 a 30 años de prisión.

Permítanme terminar leyéndoles el breve artículo: “El Congreso de la Ciudad de México decreta, único, por el que se crea el Capítulo 15 y el Artículo 276 Quater, al Título Décimo Octavo del libro segundo del Código Penal para el Distrito Federal para quedar como sigue:

“Corrupción inmobiliaria, Artículo 276 Quater: Comete el delito de corrupción inmobiliaria el servidor público que, por acción u omisión, permita o tolere la construcción de inmuebles o la edificación de pisos adicionales a los autorizados sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley.

“Por las conductas descritas en este artículo, se impondrá una pena de 10 a 20 años de prisión, con independencia de las otras sanciones que procedan por la comisión de otro tipo de delitos.

“La pena establecida en el párrafo anterior, se incrementará en una mitad cuando las conductas previstas en este artículo produzcan beneficios económicos, ya sea en efectivo o en especie, al propio servidor público, su cónyuge, descendientes, ascendientes, parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, concubina o concubinario, pareja permanente, adoptante o adoptado, a cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o de dependencia administrativa directa o a socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte”.

Esto dice el nuevo artículo del Código Penal que describe el delito de corrupción inmobiliaria.

Les agradezco a todas y todos, su presencia en esta reunión, esta es una reforma que está dedicada a los vecinos que han luchado durante tantos años en contra del desorden inmobiliario que destruye la armonía de sus comunidades.

Muchas gracias.

SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, INTI MUÑOZ SANTINI (IMS): Qué tal, muy buenos días, todavía. Muy buenos días, amigas, amigos; señor jefe de Gobierno, doctor Martí Batres; estimado fiscal, doctor Ulises Lara; amigas y amigos, vecinas y vecinos de la Alcaldía Benito Juárez y de otras zonas de la ciudad; amigas y amigos funcionarios que nos acompañan; amigas y amigos de los medios de comunicación.

Quiero comentar sobre la importancia que tienen las reformas de ley que el día de hoy se anuncian, en tanto se está dando un paso fundamental para convertir en derechos de la ciudadanía, lo que desde hace tiempo se ha procurado en la actual administración: constituir como una posibilidad real de las personas, de las vecinas y los vecinos en los barrios de la Ciudad de México, de defenderse, de denunciar, de levantar la voz cuando se comete un abuso en contra de la gente.

Cuando a manos de algún funcionario que actúa indebidamente, sin noción alguna de la ética para hacer uso de su cargo público con el afán de beneficiarse, se hace daño al tejido urbano, se hace daño a la calidad de vida de las personas autorizando, sin apego a la normatividad, algún tipo de construcción o de desarrollo inmobiliario.

Sabemos que la corrupción hace daño a la sociedad, es decir, no es como en algún momento se decía, en tiempos del viejo régimen, un problema cultural, algo que está en nuestras costumbres, no; la corrupción se convirtió en un sistema, en una forma en que el gobierno funcionaba y eso ha terminado en la Ciudad de México.

Para el Gobierno central de la Ciudad de México, la única tarea, el compromiso central, la instrucción que nos ha dado el doctor Martí Batres, actual Jefe de Gobierno ha sido: siempre gobernemos poniéndonos en los pies de la gente, siempre pongámonos del lado de las personas; siempre, ante la disyuntiva, pongámonos del lado de quienes resultan desfavorecidos, de quienes están en desventaja.

Porque ese es el papel del gobierno: servir a la sociedad, estar al servicio de las y los habitantes de esta gran urbe, que es la única tarea que debe tener un servidor público; y hacerlo, además, con profesionalismo, hacerlo con una estricta ética de la responsabilidad, haciéndose cargo del efecto de sus acciones y sus decisiones.

La ética de la responsabilidad, quiero decir, es lo que está en el centro, el faro que define, junto a la honestidad, al profesionalismo, al apego al servicio público, la acción de las y los funcionarios en esta administración en materia de desarrollo urbano.

Porque, como lo decía, así como la corrupción daña a la sociedad, genera daños económicos, afecta el presupuesto público, deja sin recursos los proyectos que se destinan, que se desarrollan para beneficiar a las personas, para resolver los problemas de la gente, daña la economía, aumenta la pobreza. Pero la corrupción inmobiliaria hace un daño mayor aún porque daña el tejido urbano, daña el territorio, daña la calidad de vida de las personas, afecta el derecho a habitar la ciudad dignamente.

Y esto lo digo porque cuando hay corrupción inmobiliaria, cuando donde se debieron construir con apego a la norma solamente cuatro pisos o tres pisos y al final se construyeron ocho, nueve o 10 pisos, se está construyendo fuera de lo que la ley, de lo que los programas delegacionales y parciales de Desarrollo Urbano de nuestra ciudad establecen.

Instrumentos de ley, los planes y programas de Desarrollo Urbano que, a fin de cuentas, aunque siempre serán perfectibles, son el reflejo legítimo de los consensos de hacia dónde queremos que vaya la ciudad, qué tipo de ciudad queremos, una ciudad donde el desarrollo urbano, el desarrollo inmobiliario se pongan siempre al servicio del beneficio de las personas; donde el suelo se utilice siempre, como lo señala la Ley de Desarrollo Urbano, para beneficio de la sociedad; donde el desarrollo inmobiliario y urbano sean parte de una dinámica económica, equilibrada donde se satisfaga la enorme importancia, la enorme demanda que hay de vivienda accesible y de calidad en nuestra ciudad.

Para eso es el desarrollo urbano, ese es el tipo de desarrollo inmobiliario que queremos, sí, una ciudad más densa, una ciudad más compacta, una ciudad donde las distancias se acorten, una ciudad donde cada vez se pueda vivir más cerca de donde se trabaja, pero una ciudad donde en ningún momento el abuso, el afán de ganancia por encima de todo rompa ese equilibrio que está plasmado, de una u otra manera, en nuestras leyes y en nuestras cartas de navegación, en materia de desarrollo urbano.

Hay afectaciones muy concretas que la corrupción inmobiliaria produce a la ciudad, una es el encarecimiento, el encarecimiento del suelo. Se desatan dinámicas de especulación, se desatan dinámicas donde el costo de la corrupción, ese dinero que se dio a través de una mordida a un funcionario público aumenta también el valor a las propiedades; la especulación agrega más valor y entonces se vuelve más caro construir y entonces, quienes deben tener un derecho, el derecho claro garantizado por la ciudad a habitar con dignidad en su ciudad, se ve vulnerado, porque se vuelve difícil tener las posibilidades de acceder a una vivienda digna o incluso, de rentar alguna vivienda digna.

Eso es lo que heredamos, heredamos de la administración anterior –hay que decirlo con todas sus letras– un entramado ominoso de corrupción, corrupción inmobiliaria; un entramado ominoso compuesto por la entrega de dictámenes, permisos, autorizaciones o a veces, simplemente complicidad para que se construyera a cambio de prebendas.

Heredamos que eso se reflejó en que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda debió llevar a cabo un profundo proceso de reforma interna, de rediseño institucional para desmontar estructuras de corrupción que estaban ahí y producto de ello hubo funcionarios que terminaron encarcelados, algunos otros prófugos y un conjunto de denuncias, denuncias sobre al menos 48 polígonos de actuación que habían sido emitidos ilegalmente, irregularmente y un conjunto de atropellos adicionales.

Heredamos también que en algunas alcaldías la práctica siguió, la práctica siguió y desgraciadamente hemos detectado que continúa. Muy pronto vamos a hacer el anuncio de nuevos hallazgos, como los que se hicieron cuando, a partir de un incidente aparentemente fortuito o aislado, se evidenció toda una trama de corrupción inmobiliaria en una alcaldía, la cual afectó a cientos de personas que pudieron comprar de buena fe, pero que al final resultaron defraudados, ¿por qué? Por el simple hecho de que, a cambio de algún favor, algún beneficio individual, alguna prebenda, hubo quien autorizó que se construyera ilegalmente.

Seguimos trabajando en eso, Jefe de Gobierno, todos los días, revisando, acompañando a los ciudadanos cómo van las construcciones. Toda construcción autorizada en el pasado, todas, incluyendo las que pueda haber autorizado en el pasado la Secretaría de Desarrollo Urbano y tenga algún tipo de dictamen que está vigente, son permanentemente puestas a revisión, muy comúnmente junto con los vecinos.

Aquí veo los rostros de vecinas y vecinos de distintos ámbitos, de las zonas centrales de la Ciudad de México, de la Alcaldía Benito Juárez, con quienes hemos estado buscando soluciones, que no son sencillas, para que en ningún momento el abuso de nadie pueda afectar la vida de las personas, la calidad de vida de las personas, el equilibrio en la vida barrial y vecinal.

Y quiero decir algo más, en momentos difíciles a nivel global en materia de abasto hídrico, situación que en la Ciudad de México se ha venido enfrentando con profesionalismo, con soluciones institucionales para que nadie le falte agua, hay que decirlo, la corrupción inmobiliaria afecta directamente el abasto de agua, porque se consume más agua de lo que la ciudad puede abastecer, porque se le quita el agua a quienes habitan originalmente en los barrios y eso se agrega al conjunto de afectaciones que produce en la vida de las personas la corrupción y que producen en el territorio de la ciudad la corrupción inmobiliaria.

Para terminar, simplemente quiero decir, hemos trabajado intensamente en dar orden al desarrollo urbano inmobiliario de la ciudad; hemos trabajado intensamente en ubicar, denunciar y combatir todos los casos de corrupción inmobiliaria y lo seguiremos haciendo; hemos trabajado intensamente para que en ningún momento haya duda o haya falla en la aplicación de los criterios normativos en materia desarrollo urbano.

Eso estamos haciendo en SEDUVI todos los días a partir de una visión, de una idea de puertas abiertas a la ciudadanía, escuchando permanentemente a las y los vecinos, atendiendo lo que se denuncia, cuando se afecta el patrimonio cultural, cuando hay una obra que está afectando a los edificios vecinos y siempre en el ánimo de que, a través del diálogo, a través de la aplicación estricta de la ley, se encuentren soluciones y se construyan acuerdos.

La ciudad no puede ser entendida nunca más como una mercancía. El suelo de la ciudad, el territorio de la ciudad no es una mercancía que tiene como función el generar ganancias para unos cuántos y mucho menos para algún servidor público.

El suelo de la ciudad, la ciudad debe ser entendida siempre como un lugar democrático para vivir con dignidad, con calidad de vida, para tener derecho a habitar en él, para poder trabajar en él y para hacer juntos, juntas y juntos, como sociedad el reflejo de la sociedad que queremos ser: una sociedad de derechos, una sociedad con transparencia, una sociedad que se transforma para que todas y todos podamos seguir haciendo de esta gran ciudad ese lugar en el que podemos vivir con felicidad, con acceso a derechos y con libertades.

Muchas gracias, amigas y amigos.

COORDINADOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN TERRITORIAL, EN SUPLENCIA DE LA PERSONA TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ULISES LARA LÓPEZ (ULL): Muchas gracias. Saludo con gusto al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, doctor Martí Batres Guadarrama, y es nuevamente un gusto para mí compartir en este espacio con el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, el maestro Inti Muñoz; desde luego, a los diferentes representantes tanto de la ciudadanía, como de los medios informativos, agradezco su cobertura y su presencia.

Para la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, reviste gran relevancia asistir a este evento por la publicación de la Reforma al Código Penal en Materia de Combate a la Corrupción Inmobiliaria.

Nuevamente queda claro que la suma de esfuerzos entre Gobierno y la decidida participación del Poder Legislativo, ambos de la Ciudad de México, se puede poner orden en un tema tan sensible como es la corrupción, en este caso, del sector inmobiliario.

Ahora, el Congreso de la Ciudad de México decretó la creación del Capítulo 15 y el Artículo 276 Quater del título Décimo Octavo del Libro Segundo del Código Penal para el Distrito Federal, que a la letra dice: Artículo 276 Quater: “Comete el delito de corrupción inmobiliaria el servidor público que por acción u omisión permita o tolere la construcción de inmuebles o la edificación de pisos adicionales a los autorizados, sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley”.

Ello significa que, a partir de ahora, por las conductas descritas en este artículo, en la Ciudad de México se impondrá una pena de 10 o hasta 20 años de prisión con independencia de las otras sanciones que procedan por la comisión de otro tipo de delitos.

La pena incluso se incrementará en una mitad cuando las conductas previstas en este artículo produzcan beneficios económicos, ya sea en efectivo o en especie, al propio servidor público, su cónyuge, descendientes o ascendientes, parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, concubina o concubinario, pareja permanente, adoptante o adoptado, a cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o de dependencia administrativa directa o a socios o sociedades de las que el servidor público, las personas antes referidas, formen parte.

Corresponderá a los fiscales, ministerios públicos, peritos y policías de Investigación, poner al centro a las víctimas y desarrollar investigaciones científicas, robustas y profesionales cuando se reciban denuncias al respecto.

Aquí me gustaría comentar que, con este tipo penal, nuestras y nuestros ministerios públicos tendrán mayores y mejores herramientas para llevar a cabo su labor y así poder encuadrar este tipo de conductas en la carpeta de investigación.

Redoblaremos esfuerzos para investigar estas conductas y presentar ante las y los jueces los resultados de dichas indagatorias para prevenir la creación de redes de corrupción y de sobornos en las 16 alcaldías, aún más cuando sean creadas y protegidas por servidores y servidoras públicas.

Con esta Reforma al Código Penal en materia de combate a la corrupción inmobiliaria se les pondrá freno a los permisos de construcción a cambio de obtener ilícitamente beneficios económicos o de propiedades. La reforma misma evitará omisiones a la normatividad en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, sobreexplotando las capacidades de las dimensiones de los inmuebles.

Recientemente, la Fiscalía General de Justicia comprobó la existencia de una red de corrupción en el sector bienes raíces, en la Alcaldía Benito Juárez, que al tolerar la construcción de pisos excedentes, derivó en ganancias adicionales a desarrolladores inmobiliarios, quienes pudieron devolver los favores mediante la sesión de departamentos o la venta de los mismos a precios de remate, a través de transacciones a prestanombres y familiares de servidoras y servidores públicos de esa demarcación.

Aquí me gustaría recordar que, hasta el momento, hemos obtenido más de una docena de órdenes de aprehensión en contra de servidores públicos y particulares. Hemos llegado también a la conclusión de dos juicios abreviados, también con la correspondiente aceptación de culpabilidad de las personas procesadas y la reparación del daño, también en otras dos. Además de que continuamos con la integración de otras carpetas de investigación de las cuales en su momento daremos mayores detalles.

Prueba de ello también es que la Fiscalía General de Justicia, en este tema en particular, ha asegurado al menos 60 inmuebles, producto de componendas, propiedades, cuyo valor en el mercado es de decenas de millones de pesos por el tipo de construcción y sus ubicaciones, principalmente en las alcaldías Benito Juárez, Álvaro Obregón y Coyoacán. Con esta reforma avanzamos.

Muchas gracias, Jefe de Gobierno; muchas gracias, ciudadanos.